VADEMECUM del ABORTO –
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35. EL ABORTO ES UN DERECHO
FALSO. El derecho al aborto no existe.
Lo que existe es el derecho
a la vida y está resguardado en todos los países, en sus constituciones. Un
“derecho” no puede permitir la realización de una conducta moralmente
ilícita, y menos aquella que atenta directamente contra un derecho fun-
damental, como lo hace el aborto al violentar el derecho a la vida. Justa-
mente, porque el aborto atenta directamente contra el derecho a la vida,
jamás puede ser considerado como una conducta lícita ni menos como un
derecho.
Lo que existe es la práctica del aborto en base a causales o a petición, pero
no como derecho. Esta práctica, que existe, no hace del aborto algo lícito
o bueno, de la misma manera que existe el robo, pero es ilegal y malo
robar un bien ajeno. El aborto es un atentado directo contra la vida de un
inocente que el Estado tiene el deber de prohibir y sancionar.
36. EN CHILE EXISTÍA EL ABORTO DESDE 1931 y SE REVOCÓ
EN 1989
FALSO.
En Chile nunca ha existido una ley o norma que permita el abor-
to. Lo que se ha regulado es el principio de “doble efecto” a través del
artículo 119 del Código Sanitari
•
Este artículo siempre se refirió a intervenciones para salvar la vida
de la madre, al mal llamado
“aborto terapéutico”
. El
artículo 119 de 1931 dice lo siguiente:
“sólo con fines terapéuticos se podrá
interrumpir un embarazo”
entendiéndose como aplicación del doble efec-
to para salvar la vida de la madre.
•
En 1989 se reformula este artículo, principalmente para evitar toda
confusión en su interpretación, y así evitar abusos resultantes de di-
cha confusión, como los que hubo en los años 70. El artículo 119 de
1989 dice:
“No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”,
redacción que deja claro que todo lo que no está prohibido está per-
mitido. Por lo tanto, está permitida toda acción del médico cuyo fin
no sea buscar intencionalmente la muerte directa del nonato.
37. EL ESTADO DEBE PROTEGER LA VIDA DESDE LA
CONCEPCIÓN
VERDADERO.
El Estado de Chile, según lo dispone la Constitución (y
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes en nuestro
