Señor Director:
Es decisiva la discusión en torno al proyecto de ley que busca la despenalización del aborto en tres dolorosas circunstancias. Marcará nuestra cultura que ama y celebra la vida.
Para aprobarlo se esgrimen dos presuntos derechos. Se afirma el derecho de la madre sobre su propio cuerpo, si bien la vida que viene en camino ya no es ella. Y se afirma un inexistente derecho a abortar, es decir, a intervenir directamente sobre un ser humano inocente e indefenso, para darle muerte. A veces se afirma que nadie, ni siquiera el Estado, tiene el derecho a impedir una decisión de abortar. Es cierto, si se trata de la mera decisión, nadie puede impedirla.
Pero la pregunta principal que plantea el proyecto es otra: ¿Tiene el Estado el deber de defender toda vida humana amenazada de muerte e incapaz de defenderse, y aun el deber de apoyarla para que crezca? Si lo tiene, ¿cómo lo pone en práctica en las tres situaciones expuestas en el proyecto de ley?
Sería algo paradójico -a la vez que contradictorio- si el Parlamento, después de abolir la pena de muerte para castigar los peores crímenes, mediante el cambio que se persigue la incorporara ahora en nuestra legislación como derecho de todos los ciudadanos a dictar la pena y ejecutarla… contra los seres humanos más inocentes e indefensos.
+ Francisco Javier Errázuriz Ossa
