Esta columna fue escrita por Oscar Perello junto a Ignacio Guzmán, de Construye Sociedad, martes 28 de marzo
Este sábado 25 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Niño por Nacer y en nuestro país hubo celebraciones en todas las grandes ciudades. Y con razón, pues la inminente aprobación del proyecto de ley que legaliza el aborto en tres causales constituye una amenaza al primero y más fundamental de los derechos humanos, cual es el derecho a la vida. Sin embargo, nos parece que existen igualmente otras circunstancias que lo amenazan y que suelen no ser consideradas como tales en el debate público: después de todo, este derecho implica no sólo que no se interrumpa el embarazo, sino también que existan las condiciones que hagan posible vivir de manera digna.
Sabido es que el Servicio Nacional de Menores, institucionalidad destinada a acoger a niños y jóvenes en marginalidad, está en deuda. A los dramáticos casos de muertes por abandono e incluso de torturas que conocimos por la prensa, se suma la indiferencia histórica del Estado: en la Ley de Presupuesto del año 2016, se le asignaron apenas 225.000 millones de pesos (para poner en perspectiva esta cifra, el proyecto de gratuidad universitaria asciende a 1.189.152 millones de pesos). Esto ayuda a contextualizar cómo es que la mitad de la población penal haya pasado alguna vez por este sistema, o que uno de cada cuatro indigentes pasara parte de su infancia en un centro residencial. Aunque sin duda aporta, la solución para garantizar una vida digna para estos niños está lejos de ser puramente presupuestaria; el recién anunciado proyecto de ley que separa la protección de la infancia y la reinserción social en servicios distintos, podría significar un primer avance. Además, se hace necesaria más creatividad: ampliar la cobertura transitoria de hogares o familias de acogida, que en Chile tienen índices de violencia seis veces menores a las instalaciones del Sename, va en línea con las recomendaciones internacionales apuntadas por un informe del IES; o trabajar con las familias, para permitir que estos niños y jóvenes vuelvan a sus hogares.
Junto con ello, se hace necesario facilitar la vida en el primer núcleo que la hace posible: la familia. En ese sentido, se agradecen los esfuerzos recientes por poner el tema de la jornada laboral sobre el debate, siendo indudable que un trabajador que pasa diariamente nueve horas en su trabajo, más al menos dos horas de traslado, dispone de escaso tiempo para dedicar a la vida familiar. Sin embargo, tan cierto como que el promedio de horas trabajadas en Chile es de los más altos de la OCDE, es que nuestra productividad laboral está muy por debajo de la media, superando solo a México dentro de este grupo. En este sentido, la respuesta no pasa por disminuciones repentinas de las horas de trabajo, sino por fijarse un horizonte de mediano plazo en el cuál, mediante un proceso gradual y acompañado de reformas que eleven la productividad, sea factible alcanzar una menor carga laboral. De lo contrario, podría ocurrir lo de Corea del Sur el 2004, que tras reducir su jornada de 44 a 40 horas, no tuvo impacto en los niveles de satisfacción de los trabajadores ni de sus familias, ante la dificultad de realizar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo.
Reformar el Sename e impulsar políticas que permitan aumentar el tiempo familiar, son sólo algunos de los innumerables desafíos que exige una postura a favor de la vida; además, por supuesto, de actuar con coherencia ante la inminente votación del proyecto de ley de aborto. Es de esperar que esta fecha contribuya a que todos quienes suscriben la preeminencia de este derecho, y en especial quienes competirán en la carrera presidencial, asuman un compromiso aún más firme por impulsar políticas públicas que comprendan de manera íntegra la defensa de la vida.
