¿Y Tú Qué Piensas?

Contrariando toda evidencia científica, fundados en estadísticas manejadas y en afirmaciones que son medias verdades, la comisión de Constitución del Senado se apresta a dar un paso más hacia el establecimiento en Chile de una legislación que permite -y más adelante promoverá- el aborto. De nada parecen haber servido los cientos de testimonios y argumentos presentados. La política y la ideología se han impuesto por sobre la razón. Entre quienes decidirán con su voto a favor hay personas que comparten los valores y principios cristianos y varios que se declaran católicos. A ellos me dirijo, queriendo ayudarles a iluminar su conciencia, precisamente en este delicado punto y de vital importancia para todos.

Frente a los dilemas éticos que presentan los embarazos complejos, algunos legisladores católicos fundan sus posiciones en la propia conciencia como único parámetro de sus decisiones. Es cierto que mediante el cumplimiento de los deberes civiles, de acuerdo con su conciencia cristiana, en conformidad con los valores que son congruentes con ella, los fieles laicos desarrollan también sus tareas propias de animar cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía y cooperando con los demás ciudadanos, según la competencia específica, y bajo la propia responsabilidad. Por eso «los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política; es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común» ( Christifideles laici , 42).

La conciencia moral, que «es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella», requiere ser formada para esclarecer su adecuada forma de proceder y «formula sus juicios según la razón, conforme al verdadero bien querido por la sabiduría del Creador». Esa conciencia «debe buscar siempre lo que es justo y bueno, y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina».

En razón de esta necesidad, para un legislador católico separar el juicio de la propia conciencia de la manifestación expresa de la voluntad de Dios, como sucede en el caso del respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y ampararse en ella para ir en contra de la voluntad del Creador, constituye una grave transgresión de la ley de Dios y lleva consigo consecuencias espirituales y eclesiales complejas, internas y externas.

Conviene recordar que desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. «No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido» ( Didajé , 2, 2; cf. Epistula Pseudo Barnabae , 19, 5; Epistula ad Diognetum 5, 5; Tertuliano, Apologeticum , 9, 8). «Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción; tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables» ( Gaudium et spes , 51) (Catecismo de la Iglesia Católica, 2271).

Una vez más es necesario reiterar lo que se ha dicho en muchas oportunidades. En el caso de las tres causales de interrupción del embarazo que actualmente contempla el proyecto de ley, estamos ante un aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio para conseguir otros bienes (la salud de la madre, evitar la carga de un ser enfermo, salvaguardar la honra, etcétera) que, por elevados y laudables que sean, no pueden conseguirse poniendo fin a una vida ya en gestación.

Oremos por los parlamentarios que comparten nuestra fe católica, que creen en la Revelación de Dios al hombre por medio de la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, sus dos fuentes, y que quieren -no lo dudamos- el mayor bien para todos. Oremos también por todos nuestros representantes en el Congreso que deben asumir decisiones tan complejas para el bien y el futuro de Chile.

+ Juan Ignacio González Errázuriz

Obispo de San Bernardo

Fuente: elmercurio.cl

Señor director:
En pocas horas se votará, en la Comisión de Constitución del Senado, la idea de legislar en el proyecto que legaliza el aborto en Chile.
Mucho se ha dicho en relación a este proyecto, tanto en prensa como por quienes han tenido la oportunidad de asistir a las sesiones en donde se tramita; sin embargo, hay un aspecto fundamental que prácticamente no se ha abordado y es el referido a cómo o bajo qué método se llevará a efecto la práctica abortiva.
Ya en la Cámara de Diputados (Comisión de Salud) el Gobierno señaló que aquello era materia para abordar en un reglamento. Digamos desde ya que esa respuesta no sólo resulta inaceptable desde un punto de vista constitucional, sino particularmente reveladora en relación a lo que oculta la atroz práctica del aborto.
Si para los autores de la iniciativa no existe obstáculo para hacer excepción al derecho a la vida, no obstante lo claro de nuestra constitución y, más aún, lo evidente de nuestra práctica jurídica donde jamás se ha dejado de proteger al débil, no se explica cómo se podrá admitir una práctica de suyo tan cruel y deshumanizada como aquellas que deshacen a un ser humano vivo en una solución salina; o lo succionan, despedazando su cuerpo parte por parte; o dilatan el cuello del útero para introducir elementos para fragmentar al niño; o por nacimiento parcial, en que extraen al niño para dejarlo morir encima de una fría camilla -en este método también se usa decapitar al niño mientras sale de las cavidades uterinas-; o se provocan los partos a través de Misopostrol, RT-U o Prostaglandinas, todos para provocar hemorragias en las que sale el niño para dejarlo morir o matarlo derechamente con algún instrumento.
Todas ellas constituyen un tormento horrendo para cualquier ser vivo, en este caso uno de la especie humana y, por lo mismo, se encuentran expresamente prohibidos en nuestra Constitución que prohíbe toda tortura o trato cruel o deshumanizado. Es más, se trata según la doctrina, del único derecho absoluto, es decir, que no admite excepción alguna. Además, desde el año 2009, estas prácticas son consideradas en nuestro ordenamiento jurídico como delitos de lesa humanidad.
Jorge Reyes Z.

Carmen Domínguez H.

Fuente: latercera.cl