¿Y Tú Qué Piensas?

El Mercurio 28 de mayo

Si bien actuar en conciencia es un imperativo universal en todos los actos humanos, son estos quienes deben ser juzgados y no las personas, pues ellas pueden haber obrado por ignorancia o emociones que dificultan el juicio. No obstante, igualmente existe la obligación de formar la conciencia de manera de poder dar razón de nuestras decisiones. Esto es especialmente relevante cuando se trata de decidir en situaciones donde puede ser difícil distinguir lo bueno de lo malo.

Este discernimiento, sin embargo, es más claro cuando están de por medio bienes fundamentales para las personas y la sociedad, como la vida y la verdad. No matar, no atentar contra la integridad de las personas o no mentir están entre aquellos imperativos aceptados universalmente, en los cuales no se pueden aceptar excepciones. ¿Cómo explicar, entonces, que haya personas que consideran el aborto un derecho, y que es la mujer quien tiene derecho a elegir?

Mary Ann Warren, la gran defensora del derecho al aborto, percibe lúcidamente el problema al reconocer, como «una verdad autoevidente, que matar a un ser humano inocente es moralmente inaceptable y que si se reconoce que el no nacido es un ser humano inocente, no hay argumento ni razones de conveniencia ni de salud pública para justificarlo o legalizarlo». Y continúa: «Yo argumentaré que no es posible hacer una defensa satisfactoria del derecho de la mujer a abortar sin demostrar que el feto no es un ser humano en el sentido moralmente relevante».

Warren afirma que solo se llega a ser persona cuando el ser humano ha desarrollado ciertas facultades, como poder razonar, tener conciencia y autoconciencia. Solo entonces adquiere «los derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad». En este sentido, la fijación de un umbral del comienzo de la persona posterior al evento fundacional de la fecundación no puede sino ser arbitraria. Con independencia de esto último, toda decisión de abortar siempre conlleva el reconocimiento implícito de la humanidad del ser en gestación, el cual será una mujer o un hombre completos si no hacemos nada que le impida serlo. Si no fuera así, ¿por qué se querría abortarlo?

No obstante, hay parlamentarios que, reconociendo la humanidad del no nacido, consideran que en algunos casos se podría justificar el aborto, no como un derecho, sino como un respeto a la voluntad de la madre de elegir. Se aduce que solo se está despenalizando el aborto y no confiriéndole el carácter de derecho. Lamentablemente, en el proyecto esto no está claro. Aquí se da, además, una falacia fácilmente comprensible si análogamente alguien piensa que se podría legislar cuando situaciones excepcionales justificasen el robo o la tortura. Lo que hay que enfatizar es que, sin duda, hay circunstancias que atenúan el mal moral en casos en que se mata a alguien que está violando a una hija, por ejemplo. Esto está consignado en el derecho y lo saben los jueces. Por eso, de hecho, no hay mujeres que se hayan practicado un aborto y que estén en la cárcel.

Así entonces, en vez de buscar razones para justificar el aborto en ciertos casos, es preferible buscar cómo paliar el dolor de las mujeres en esas situaciones, o eventualmente prevenirlas. La solución, en ningún caso, puede ser el homicidio de quien no tiene ninguna responsabilidad en ellas.

La ley tiene también una misión pedagógica, y aceptar cualquiera de las justificaciones para votar favorablemente la ley de aborto tiene implicancias muy profundas en cuanto a la cultura que queremos mantener y construir en nuestro país. Validar estas excepciones al derecho a la vida implica que estas se pueden extrapolar a otras situaciones. Por eso, la responsabilidad histórica de los parlamentarios de actuar lúcidamente, de discernir con una conciencia formada, tiene graves consecuencias para Chile. Con razón la madre Teresa de Calcuta, con gran sabiduría, expresó: «El aborto es la mayor amenaza para la paz». En efecto, ¿qué violencia es peor que aquella ejercida sobre un inocente que no puede defenderse?

Dr. Patricio Ventura-Juncá T.
Director Instituto de Bioética U. Finis Terrae

Prof. Jorge Martinez B.
Instituto de Filosofía Pontificia Universidad Católica

Fuente: El Mercurio

El Mercurio, 14 de mayo 2017. A2

«…muchas veces, el aborto es un grito de desesperación y petición de ayuda. Una buena política pública de acompañamiento psicológico, económico y espiritual, que cuide ambas vidas, es lo que se requiere. Los dos están en dificultad. Los dos necesitan atención. Ese camino es el de la esperanza…».

El drama de una mujer cuando su embarazo hace peligrar su salud o vida, su hijo trae una malformación, o bien la concepción fue fruto de una violación, es inmenso. Este hecho, la mujer suele vivirlo en medio de mucha soledad e incomprensión. Estas situaciones, aunque escasas, exigen especial atención y políticas públicas adecuadas para salir al encuentro de dichas mujeres. De este drama, todos los chilenos somos conscientes y queremos que, enfrentadas a estos casos, tengan la mejor solución y atención.

Todos quienes han participado de este debate también están de acuerdo, porque es una evidencia científica que desde el momento de la fecundación se inicia una nueva vida humana, como la nuestra. Aunque hemos cambiado con el paso del tiempo, somos el mismo desde el momento de la fecundación y lo seremos hasta la muerte.

En lo que no se está de acuerdo es en qué trato hay que darle a este ser humano cuando en las primeras etapas de vida y desarrollo genera problemas de salud a la madre que pueden amenazar su vida, cuando viene con malformaciones (el proyecto habla de que deben ser incompatibles con la vida, lo que de suyo es un concepto ambiguo y arbitrario), o cuando es fruto de una violación.

La comisión de Salud ha optado por darle la posibilidad a la madre de decidir si sigue o no con el embarazo. El proyecto de ley aprobado está diciendo que en ciertos casos es posible eliminar a un ser humano inocente en el vientre materno como solución a un conflicto. ¿Es una buena solución? ¿Es una buena política pública en materia de salud?

La enseñanza de la Iglesia dice que no es una buena solución porque se instituye, para solucionar un conflicto, la violencia. Los más fuertes se atribuyen el poder de tomar una decisión respecto del más débil. Ello es arbitrario. Además, se atribuyen el derecho de decidir si una vida merece o no ser vivida. Ello es arrogante.

La experiencia en el mundo entero muestra que las tres causales que originan estos proyectos -aduciendo situaciones puntuales y rigurosamente controladas- terminan en aborto libre. De hecho, en la discusión que se ha llevado a cabo adelante en este tema, en el fondo, no han sido las tres causales las que la han animado, sino que el supuesto derecho que tiene la mujer a decidir si sigue o no con el embarazo.

Esta ley es el inicio de lo que ya ha pasado en otros países. Es bueno que la inmensa mayoría de los chilenos lo sepa.

Una mujer bien acompañada y asesorada, en lo último que piensa es en el aborto. Muchas veces el aborto es un grito de desesperación y petición de ayuda. Una buena política pública de acompañamiento psicológico, económico y espiritual, que cuide ambas vidas, es lo que se requiere. Los dos están en dificultad. Los dos necesitan atención. Ese camino es el de la esperanza. Esa política pública es más coherente con el derecho que tiene todo ser humano a que se le respete su vida. Esa mirada de la situación es más inclusiva y, por cierto, no violenta. Es más respetuosa de la Constitución. Claro, es más exigente, porque requiere de tiempo, recursos y cariño.

¿Qué hay, desde una lectura antropológica, detrás de la mirada que se abre a la posibilidad de abortar? Se trata de aquellos que entienden la libertad y la autonomía como un valor absoluto y que el Estado debe garantizar. Pero es una autonomía y libertad que prescinde del derecho a la vida del otro, que es el más débil, el más indefenso, el que depende totalmente de otro. Es una libertad y una autonomía sin verdad y, por lo tanto, que carece de bien. Una ley que no apunta al bien es una mala ley.

A quienes nos oponemos a esta ley nos mueve la convicción de que el derecho a que se respete la vida de todo ser humano, en las condiciones de salud y en la etapa de la vida en la que se encuentre, es el principio desde donde se sustenta una sociedad civilizada y democrática. Es un derecho primario que surge de la dignidad de ese ser. Tenemos la convicción de que es un valor no negociable. No puede quedar al arbitrio de otros y de sus circunstancias.

En esta hora crucial para el país -porque una ley que permite el aborto es un punto de inflexión de la cultura que lo anima-, invito a reconocer con más decisión que nunca el valor de la vida humana y su dignidad, a promover políticas públicas que cuiden la vida de la madre y del neoconcebido y que cierren todas las puertas que puedan dar espacio al deliberado acto humano de terminar con la vida de un ser humano inocente.

Fernando Chomali Garíb
Arzobispo de Concepción

Fuente: El mercurio

Esta columna fue escrita por Oscar Perello junto a Ignacio Guzmán, de Construye Sociedad, martes 28 de marzo

Este sábado 25 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Niño por Nacer y en nuestro país hubo celebraciones en todas las grandes ciudades. Y con razón, pues la inminente aprobación del proyecto de ley que legaliza el aborto en tres causales constituye una amenaza al primero y más fundamental de los derechos humanos, cual es el derecho a la vida. Sin embargo, nos parece que existen igualmente otras circunstancias que lo amenazan y que suelen no ser consideradas como tales en el debate público: después de todo, este derecho implica no sólo que no se interrumpa el embarazo, sino también que existan las condiciones que hagan posible vivir de manera digna.

Sabido es que el Servicio Nacional de Menores, institucionalidad destinada a acoger a niños y jóvenes en marginalidad, está en deuda. A los dramáticos casos de muertes por abandono e incluso de torturas que conocimos por la prensa, se suma la indiferencia histórica del Estado: en la Ley de Presupuesto del año 2016, se le asignaron apenas 225.000 millones de pesos (para poner en perspectiva esta cifra, el proyecto de gratuidad universitaria asciende a 1.189.152 millones de pesos). Esto ayuda a contextualizar cómo es que la mitad de la población penal haya pasado alguna vez por este sistema, o que uno de cada cuatro indigentes pasara parte de su infancia en un centro residencial. Aunque sin duda aporta, la solución para garantizar una vida digna para estos niños está lejos de ser puramente presupuestaria; el recién anunciado proyecto de ley que separa la protección de la infancia y la reinserción social en servicios distintos, podría significar un primer avance. Además, se hace necesaria más creatividad: ampliar la cobertura transitoria de hogares o familias de acogida, que en Chile tienen índices de violencia seis veces menores a las instalaciones del Sename, va en línea con las recomendaciones internacionales apuntadas por un informe del IES; o trabajar con las familias, para permitir que estos niños y jóvenes vuelvan a sus hogares.

Junto con ello, se hace necesario facilitar la vida en el primer núcleo que la hace posible: la familia. En ese sentido, se agradecen los esfuerzos recientes por poner el tema de la jornada laboral sobre el debate, siendo indudable que un trabajador que pasa diariamente nueve horas en su trabajo, más al menos dos horas de traslado, dispone de escaso tiempo para dedicar a la vida familiar. Sin embargo, tan cierto como que el promedio de horas trabajadas en Chile es de los más altos de la OCDE, es que nuestra productividad laboral está muy por debajo de la media, superando solo a México dentro de este grupo. En este sentido, la respuesta no pasa por disminuciones repentinas de las horas de trabajo, sino por fijarse un horizonte de mediano plazo en el cuál, mediante un proceso gradual y acompañado de reformas que eleven la productividad, sea factible alcanzar una menor carga laboral. De lo contrario, podría ocurrir lo de Corea del Sur el 2004, que tras reducir su jornada de 44 a 40 horas, no tuvo impacto en los niveles de satisfacción de los trabajadores ni de sus familias, ante la dificultad de realizar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo.

Reformar el Sename e impulsar políticas que permitan aumentar el tiempo familiar, son sólo algunos de los innumerables desafíos que exige una postura a favor de la vida; además, por supuesto, de actuar con coherencia ante la inminente votación del proyecto de ley de aborto. Es de esperar que esta fecha contribuya a que todos quienes suscriben la preeminencia de este derecho, y en especial quienes competirán en la carrera presidencial, asuman un compromiso aún más firme por impulsar políticas públicas que comprendan de manera íntegra la defensa de la vida.