¿Y Tú Qué Piensas?

«Se evidencia que Planned no solo cobra por los abortos realizados, sino que trafica con órganos extraídos de los cuerpos de las criaturas abortadas…»

Poco o nada se ha hablado en los medios nacionales del escándalo en que está envuelta Planned Parenthood, una multinacional con sede en Estados Unidos, especializada en la provisión de servicios de aborto y con más de 700 clínicas en todo el país. El CMP, Center for Medical Progress, una organización provida, ha comenzado a difundir videos en los que se evidencia que Planned no solo cobra por los abortos realizados, sino que trafica con órganos extraídos de los cuerpos de las criaturas abortadas.

En el primer video se puede ver a la doctora Deborah Nucatola, directora de Servicios Médicos de la institución, atendiendo a unos supuestos agentes de una empresa interesada en tejido fetal, que en realidad eran investigadores del CMP. La doctora les informa que Planned Parenthood puede ofrecer no solo tejidos, sino órganos completos, para lo cual es menester practicar el aborto de un modo que permite obtener el cuerpo del feto lo más entero posible. Es muy expresiva en sus afirmaciones: «nos hemos vuelto muy buenos -dice- en sacar corazón, pulmón, hígado, porque sabemos eso, así que no voy a aplastar esa parte, voy básicamente a aplastar más abajo, voy a aplastar más encima, y voy a ver si puedo tenerlo todo intacto».

Estas revelaciones han causado estupor en la sociedad estadounidense, teniendo en cuenta que la multinacional del aborto recibe cuantiosos fondos públicos. La presidenta de Planned, Cecile Richards, no negó las declaraciones de Nucatola, aunque pidió disculpas por el tono «poco compasivo» utilizado. Admitió que su institución entrega «tejido fetal» producto de abortos a centros de investigación, pero dijo que se trata de donaciones y no de ventas: «Esto en realidad es loable, que las mujeres y sus familias opten por hacer donaciones de tejido fetal para potencialmente salvar las vidas de otras personas», apuntó. Las cantidades de dinero solicitadas serían solo para «compensar gastos».

Seguramente, Richards no se esperaba que el CMP tuviera una batería de videos, que ha ido haciendo públicos uno tras otro. En el quinto, la ex directora de una de las clínicas de Planned confiesa que su sede conseguía más de 120 mil dólares mensuales vendiendo partes de fetos abortados. Una vez liberados los videos números 7 y 8 con revelaciones de funcionarios de una de las empresas que reciben los «productos» provistos por Planned Parenthood, el sábado pasado miles de personas protestaron en más de 300 ciudades de los Estados Unidos. Entre tanto, se han iniciado investigaciones en el Congreso y ya son cinco estados (Alabama, New Hampshire, Louisiana, Arkansas y Utah) los que han decidido cortar el aporte de recursos a la cuestionada institución.

Estos hechos tienen relevancia para la discusión sobre el aborto en Chile, por al menos dos razones, una más contingente y otra más de fondo. La más contingente tiene que ver con que dos entidades chilenas operan como filiales de Planned Parenthood International: Aprofa y Miles Chile. Ambas han promovido intensamente el proyecto de legalización de la «interrupción del embarazo», sin ocultar que en su opinión la aprobación en tres causales es solo un primer paso para consagrar el aborto a sola petición de la madre. Sería bueno saber si aprueban la conducta de su matriz internacional y si en sus actividades futuras también contemplan la instalación de clínicas que, además de prestar servicios de aborto, proveerán de órganos o tejidos fetales.

El escándalo de Planned Parenthood nos sirve, además, para comprender que lo que está proponiendo la Presidenta Bachelet y que la Cámara de Diputados deberá votar próximamente no es el aborto para casos dramáticos y excepcionales, sino el quiebre de un principio fundamental en un Estado Democrático de Derecho: el de la intangibilidad incondicional de la vida de todo ser humano. Roto ese principio se emprende un camino que puede conducir a los horrores de la más retrógrada barbarie.

Lee original aquí

Señor Director:

Quiero dirigirme a los que creen en Dios como el Ser Supremo que creó el universo y lo mantiene en la existencia y que comunica al ser humano su Palabra en la Sagrada Escritura. Allí leemos que Dios tiene decidida la existencia de toda persona humana desde antes de su concepción en el seno materno, como lo revela al profeta Jeremías: «Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado» (Jer 1,5). Más aún, Dios tiene elegida a toda persona humana desde antes de la creación del mundo, lo que mueve a San Pablo a alabar a Dios: «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo… por cuanto nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor» (Efesios 1,3.4).

La persona humana, que ya es elegida y conocida por Dios desde antes de la creación del mundo, comienza su camino en esta tierra en el momento de su concepción en el seno materno, y desde ese momento tiene derecho a esta vida terrena que ha comenzado. La discusión sobre el momento en que el ser humano comienza a ser persona después de su concepción en el seno materno parte, entonces, de un presupuesto falso. Por eso, cualquier límite que se fije será opinión humana discutible y arbitraria. El derecho a la vida que tiene la persona humana desde su concepción lo tiene por ser persona, no porque se lo conceda el Estado. Pero el Estado de Derecho se define como tal, porque protege ese derecho a la vida, que es la base de todos los demás derechos.

Un Estado, que en sus leyes permite el aborto, y en sus instituciones, a saber, sus hospitales, lo practica, aunque sea solo en los tres casos del proyecto de ley que está en discusión, es un Estado tiránico, por cuanto institucionalmente viola el derecho a la vida que la persona humana tiene desde su concepción. No queremos para Chile ese Estado. Queremos un Estado que en sus leyes e instituciones asista a la mujer que está en alguno de los tres casos para que pueda también ella reconocer y respetar el derecho a la vida que tiene su hijo y no tenga que cargar con la muerte de una persona humana.

+ Felipe Bacarreza Rodríguez
Obispo de Santa María de Los Ángeles

Lee el original aquí

Sr. Director:

Resuena en mi cabeza esa frase que con cierta frecuencia se usa para incoar una defensa del aborto: “El Estado debe dar libertad de elección”. Este slogan no me deja de sorprender: para la convivencia pacífica siempre han sido necesarias leyes que prohíban.

Profundicemos un poco. Nadie critica al Estado por prohibir el homicidio contra personas nacidas; nos parece razonable que para matar a otro no nos den libertad de acción. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ese delito y el aborto? Esencialmente no la veo: La distinción está en el contexto. El niño depende de la madre; y está —sin culpa ni consciencia— siendo ocasión de un problema que en ocasiones puede resultar trágico. En medio de este dolor, la mujer suele ser inculpable, pues las circunstancias eximen su responsabilidad. Es claro que existe un problema. Pensemos ahora en cómo conviene enfrentarlo.

Entre las alternativas de soluciones, el aborto es un salvavidas de plomo. Una madre, en un contexto desolador, lo menos que necesita es que la sociedad le diga “no te preocupes, aborta y deja de llorar”. Además de que el proyecto en debate es técnicamente muy malo (como denunciaron los médicos Becker, Illanes y Koch, en El Mercurio), ayudar a matar a un hijo es una perfecta manifestación de indiferencia e incomprensión. Legalizar el aborto es desligarse del problema y cargar sobre la madre todo el peso de las consecuencias morales y psicológicas que implica, de modo ineludible, una decisión de esta naturaleza. Ahora bien, ¿cuál es entonces la verdadera solución? Al menos comenzar el análisis desde el principio inverso: con solidaridad; ayudando y acompañando a esas familias con las medidas de apoyo convenientes.

¿Qué sociedad queremos? Prefiero una que se fundamente en la solidaridad y en el interés sincero por los demás. En esto tenemos mucho que aprender y avanzar. La democracia y los ciudadanos no podemos admitir la violencia como medio de resolución de problemas: eso va en contra del mismo fundamento social. El Estado puede y debe ayudar a esa madre a través de la creación y fomento de iniciativas que realmente le sirvan de apoyo.

Lee artículo aquí

Alejandro Navas: «Los débiles vuelven a quedar a merced de los fuertes en este retorno imprevisto de la ley de la selva. ¿Cómo se compagina la noble retórica de la dignidad de la persona y del respeto a los derechos humanos con este brutal retroceso?…».

«En Chile hay abortos clandestinos, y la gente que tiene recursos lo hace en buenas condiciones; la gente que no tiene recursos lo hace en malas condiciones, con riesgos para la salud de la mujer». Esta reciente declaración de la Presidenta Bachelet expresa una lógica singular.

¿Qué ocurriría si la aplicamos a otros ámbitos? Por ejemplo, al delito fiscal. Es sabido que los millonarios y las grandes empresas pueden eludir con facilidad el pago de impuestos. Cuentan con los abogados y asesores fiscales más cualificados, capaces de aprovechar los huecos de la legislación o de organizar tramas de empresas fantasma radicadas en paraísos fiscales («ingeniería financiera»). En cambio, el modesto empleado por cuenta ajena o el jubilado que malvive de su pensión no cuentan con esos recursos, no están en condiciones de emitir boletas para enmascarar transacciones dudosas. Ante esta disparidad, ¿no sería una exigencia de la igualdad despenalizar por completo el delito fiscal? Así, todos -ricos y pobres- podrían defraudar por igual.

¿Y qué decir del crimen organizado? La codicia ha sido y sigue siendo un poderoso móvil de la conducta humana. Muchos consideran que los bienes están mal repartidos y optan simplemente por apropiarse de lo ajeno, con o sin violencia (en Chile, últimamente más bien con una violencia creciente).

De siempre, los delincuentes han sabido organizarse para robar con más eficiencia: desde bandas locales hasta carteles multinacionales, que tratan a los gobiernos de tú a tú (México). También aquí el simple ciudadano de a pie se ve discriminado: no cuenta con la capacidad logística ni con el armamento de las grandes bandas. ¿Por qué no despenalizar también el robo, para que todos puedan acceder a los bienes ajenos en igualdad de condiciones?

Si el aborto trata de la eliminación de vidas humanas, un Estado de Derecho que haga honor a su nombre debería preocuparse de la protección de los más débiles.

Cuando en los años 70 se debatió en el Parlamento alemán la legalización del aborto, el diputado socialista Adolf Arndt señaló que esa medida equivalía a la capitulación del Estado de Derecho, que había consistido precisamente en el sometimiento voluntario del más fuerte al imperio de la ley. Durante siglos de evolución social y política en Occidente hemos ido generando procedimientos para regular tanto el acceso como el ejercicio del poder, de modo que quien manda se sujeta a reglas y se asegura la protección de los débiles. Esta evolución culmina en el Estado de Derecho: elección democrática de los gobernantes, separación de poderes, imperio de la ley.

Supuesto que se admita -lo que es mucho admitir- que entre la madre y el feto se da un insuperable conflicto de intereses, no deja de ser terrible que la solución sancionada por la ley sea la muerte de la parte más débil, el feto, a manos justamente de aquellos a cuyo cuidado está entregado: la madre que decide abortar cuenta con la ayuda de médicos, autoridades y jueces.

Nadie media para alcanzar una solución pacífica a ese supuesto conflicto, como se suele hacer en otros ámbitos de la vida. El seno materno, lugar acogedor y seguro por excelencia, se convierte así en una trampa mortal, en el punto más negro de la carretera de la vida.

Los débiles vuelven a quedar a merced de los fuertes en este retorno imprevisto de la ley de la selva. ¿Cómo se compagina la noble retórica de la dignidad de la persona y del respeto a los derechos humanos con este brutal retroceso?

Lee artículo completo aquí