Sobre la titularidad de derechos del que está por nacer hubo un empate

El Mercurio, 30 agosto

Para el abogado Hernán Corral , profesor de Derecho Civil de la U. de los Andes, en el fallo del TC “no está tan claro que el no nacido no sea persona titular de derecho a la vida (…) hay un empate de opiniones”. Lo anterior, porque -a su juicio- es necesario considerar no solo los votos de mayoría, sino también las prevenciones y disidencias.
Un punto relevante para fundamentar su postura es que en la interpretación del fallo debe considerarse la prevención del ministro Domingo Hernández, “que aunque llega a la conclusión de que el proyecto de aborto en las tres causales es conforme con la Constitución, aclara que no comparte la premisa de que la criatura humana en gestación sea un mero interés protegido jurídicamente, y, por el contrario, sostiene que se trata de un ser humano diverso y único que ya existe en cuanto tal desde la concepción, siendo titular de un propio ‘derecho a la vida’ y al que debe aplicarse el principio favor homine o favor persona”, dijo Corral.
Agregó que “más allá de la cuestión semántica, podemos ver que el voto concurrente parte de la base de que el nasciturus es un ser humano con derechos fundamentales, que es la noción más sustantiva y de la calidad de persona”. Con esto, explicó, “y dado que la ministra Peña y los ministros Aróstica, Romero y Letelier defienden en su disidencia la calidad de persona constitucional del que está por nacer, si añadimos la prevención del ministro Hernández, obtenemos cinco opiniones que sustentan la titularidad del derecho a la vida del concebido, frente a cinco que afirman lo contrario”, lo que significaría, a su juicio, que, en suma, “sobre la cuestión de la personalidad o titularidad de derechos del que está por nacer hubo un empate, lo que implica que, en verdad, sobre este punto el TC no se pronunció”.

Profesor Hernan Corral.

 

elmercurio.cl 

 

 

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Ministros del TC y conciencia

Señor Director:

Don Jorge Donoso Pacheco encomia a la ministra María Luisa Brahm por su voto en favor del proyecto de ley de aborto. Como aún no se conocen los fundamentos del fallo, apela a su capacidad de estudio y, en definitiva, a su conciencia. La misma vía utilizaron los parlamentarios democratacristianos para aprobar tan emblemático proyecto.

Pero la apelación a la conciencia no deja de ser problemática para los efectos del escrutinio público:

1. Por de pronto, en el caso del aborto, el Tribunal Constitucional debe fallar con arreglo a Derecho (art. 92, inciso 5 de la Constitución). La conciencia, como categoría jurídico-procesal, no nos sirve para justificar la decisión de un ministro.

2. Por otra parte, la conciencia, como instancia moral, es un sagrario en el que no podemos entrometernos el resto de los hombres. Pero sí podemos evaluar la conducta externa que se realiza en su nombre. Particularmente, cuando esa conducta es lesiva para terceros. Es precisamente ahí donde entra el Derecho. Podrá un ministro o un parlamentario invocar subjetivamente su conciencia moral para aprobar el aborto. Pero ello no cambia la naturaleza injusta del acto, ni el juicio que podamos formarnos los ciudadanos sobre qué significa la autorización para eliminar la vida del inocente.

3. No hay que confundir conciencia moral con conciencia psicológica. La primera no es, ni puede ser en el ser humano, una instancia soberana de autodeterminación absoluta. De ahí que desde la Ética se distinga entre conciencia recta o torcida, entre conciencia verdadera o errónea, o entre conciencia escrupulosa, recta o laxa, entre otras.

Hay que tener conciencia de lo que es la conciencia.

Julio Alvear Téllez

 

El mercurio 24 de agosto

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Arduo y trascendente momento

El Tribunal Constitucional tiene por delante la más delicada decisión de su historia. Debe dirimir la controversia acerca de si el proyecto de ley de interrupción del embarazado en tres causales es conforme a la Constitución o la contradice, en cuyo caso no puede ser promulgado como ley de la República. En este fallo se juega parte de su futuro y su prestigio. Algunos piensan que “todo es política” y esperan que las sensibilidades que hay entre sus ministros diriman la cuestión con claridad a favor de aborto en estos tres casos. Otros apuestan a la realidad de ser el TC un tribunal en derecho, en cuyo caso creen que debería rechazar el proyecto. Es esperable que sus ministros no se muevan por la ideología dominante, ni por encuestas ni influencias políticas, etc. Al contrario de
las instancias legislativas, en este caso hay otros elementos, más allá de la política, diríamos, más objetivos, que tiene ver con las normas y principios fundamentales que rigen la vida de nuestra nación.

En efecto, lo diverso en este caso es que los ministros del Tribunal no son políticos, ni deben velar por este tipo de intereses o dar cuentas a grupos sociales o partidos políticos. Por su prestigio, por su carrera académica, por su formación jurídica, todos ellos deben dar cuenta de sus opiniones y decisiones por escrito, fundando sus razones para fallar de una u otra manera. En esos razonamientos jurídicos, además, deben guardar correspondencia con otros similares que ya ha establecido el TC en sus sentencias y en los cuales se va plasmando una doctrina o jurisprudencia uniforme en temas esenciales. Esta es la manera en que se someten al escrutinio público los ministros del tribunal y el mismo tribunal.

Y esto es muy decisivo. No se trata de alzar la mano y votar si o no. Se trata de fundamentar lo que piensan y de mostrar al país si lo propuesto por la Presidenta de la República es conforme a la ley fundamental que nos rige o no lo es. Ardua tarea. Su decisión en esta ocasión tiene que ver con el principio de los principios: hasta donde llega la “protección” que la Constitución y la ley deben conceder a la vida humana del ya concebido y no nacido. De lo que se resuelva se seguirá -se quiera o no – que algunos seres humanos que podrían llegar a asomarse a nuestro mundo -tan bello y tan afeado también – no lo hagan o sí lo puedan hacer y ser compatriotas nuestros. De ella también se seguirán otras consecuencias en leyes que tiene que ver con la salvaguarda de toda vida humana.

Las convicciones de cada miembro del tribunal, evidentemente, tienen que influir. El Tribunal Constitucional no es una maquinaria jurídica que produce fallos y sentencias. Está integrado por un valioso y prestigioso grupos de mujeres y hombres de nuestra patria, sobre los que recae – en ocasiones cómo esta – una responsabilidad de consecuencias que difícilmente podemos medir. Por eso, todo un país espera. Los creyentes oran, muchos observan atentos, todos opinan, pero sólo la
palabra certera y fundada de estos compatriotas puede alumbrar la verdad jurídica sobre un tema que en la antropología cristiana está resuelto desde hace siglos. ¿Podrán nuestras leyes contradecir aquellas verdades? ¿Que consecuencias se pueden seguir de ello? Preguntas para meditar.

Juan Ignacio González E. Obispo de San Bernardo
Abogado. Doctor en Derecho Canónico

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Domingo 13 de agosto 2017

Queremos aclarar la confusión comunicacional que se ha producido en torno a la primera causal del proyecto de ley de aborto. Esta se ha presentado como la menos lesiva o la más razonable para resguardar a la mujer embarazada cuya vida está en riesgo. Sin embargo, los profesores de Derecho que suscribimos esta carta sostenemos que esta causal es tan inconstitucional como las otras dos. En primer lugar, porque hace posible dar muerte directa al no nacido. En segundo lugar, porque su redacción incluye conceptos cuya falta de definición es en sí mismo un atentado al deber constitucional de proteger la vida del que está por nacer. Y por último, porque no existe relación entre el fundamento invocado en el mensaje del proyecto -evitar las “condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres”- y la realidad.

1. La conducta autorizada por la causal es inconstitucional al permitir al médico poner fin directamente a la vida del no nacido como un medio para evitar un peligro para la vida de la madre que estaría en riesgo vital. Posibilita que la muerte (segura) del ser en gestación sea el precio a pagar para evitar un (posible) peligro para la vida de su progenitora. Ello no solo resulta incompatible con el derecho a la vida del no nacido, que ya ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que además es contrario al deber de proteger la vida del que está por nacer, que la Constitución le impone expresamente al legislador.

2. Por otra parte, la causal no está definida ni delimitada en el proyecto, por lo que la determinación de su existencia y verificación queda entregada al médico en el caso concreto, sin elementos legales que le permitan discernir lo que debe entenderse por “riesgo vital” y “peligro para la vida”. La falta de precisión de dichos conceptos y de su factor de conexión resulta en sí misma contraria tanto al derecho a la vida del no nacido como al deber constitucional de proteger dicha vida, y por tanto es inconstitucional. En concreto, esta imprecisión es incompatible con aquel claro mandato dirigido por la Constitución al legislador, ya que la no especificación legal de las expresiones “riesgo vital” y “peligro para la vida” las transforma en conceptos abiertos e indeterminados, que en vez de proteger al no nacido, pueden conducir más bien a su desprotección.

3. Sin perjuicio de todo lo anterior, no puede perderse de vista que en la actualidad el art. 119 del Código Sanitario reconoce la lex artis médica, y por ende permite toda intervención terapéutica destinada a salvar la vida de la madre. En otros términos, lo que se impide es el aborto directo, es decir, las acciones que tienen por objetivo preciso matar al feto. Esta regulación ha permitido que Chile tenga hoy las tasas de mortalidad materna más bajas de América, junto a Canadá. De esta forma, carece de fundamento, y no se ajusta a la realidad, invocar la aludida causal en la supuesta necesidad de adoptarla para tratar a la mujer embarazada que sufre de alguna patología letal.

4. Como se ve, la causal primera posee un alcance que supera con creces los límites constitucionales, porque legitima dar muerte directa al no nacido; porque supone un incumplimiento del legislador al deber que le impone la Constitución en orden a proteger la vida del no nacido, y porque no existe conexión racional entre el fundamento invocado en el mensaje del proyecto y la realidad. Hay que evitar la confusión: matar no es una terapia médica y, por ende, no es un acto legítimo la eliminación directa y deliberada del ser humano concebido, cualquiera sea el fin que con ello se pretenda. Ello es contrario a la dignidad humana, porque supone transformar a algunos seres humanos en cosas, en objetos disponibles y descartables. Esto es lo que se esconde detrás de la supuestamente “inocua” primera causal: tratar al hijo inocente como una cosa, como un simple medio, y, en coherencia con esa “lógica”, autorizar su muerte directa.

Carlos Frontaura
Decano Derecho PUC

Gonzalo Rioseco
Decano Derecho UDD

Alejandro Romero
Decano Derecho Uandes

(Esta columna la suscriben 66 profesores de Derecho)

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