Ante la inminente reapertura del debate legislativo, criticó la iniciativa y se refirió a la actuación de los centros asistenciales católicos.
“No todo lo legal es ético”, advirtió ayer el cardenal Ricardo Ezzati, respecto del proyecto que busca despenalizar el aborto en tres causales, y que se encuentra actualmente en trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la Cámara de Diputados. El gobierno ha señalado que espera que la iniciativa se comience a votar durante marzo.
Para el Arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal, sin embargo, la iniciativa “pretende establecer una contraposición engañosa entre el derecho a elegir de la madre y el derecho a la vida del hijo que está por nacer. ¿Qué justifica que la libertad de la madre esté por encima del derecho a la vida de su hijo?”.
El prelado entregó su reflexión a través de un documento publicado en la página web de la Iglesia de Santiago. Allí subrayó que el derecho a elegir de la madre y el derecho a la vida del hijo que está por nacer, “es una contraposición engañosa”.
Consultado si el forzar a una mujer a continuar con un embarazo incompatible con la vida, o esperar a que muera el feto, no es prolongar su sufrimiento, Ezzati sostuvo que “es muy probable que así sea; sin embargo, ese sufrimiento tiene un hondo sentido e irá acompañado del consuelo humano y espiritual de haber entregado a ese hijo o hija todo el cariño y cuidado que se le pudo regalar. El sufrimiento se prolongaría mucho más con una intervención que termine con una vida que los esposos han querido como prolongación de su amor”.
Respecto de los casos de violación, indicó que “es una agresión injustificable. Ahora, junto con la dolorosa situación de la mujer y madre, no se puede silenciar que también está en juego una tercera persona, que es inocente, una vida que no tiene ninguna culpa de haber sido concebida, y que, por consiguiente no ha cometido ningún delito para ser condenada a muerte”.
El cardenal también opinó sobre la situación de un centro asistencial católico, en el cual, eventualmente, si los médicos tuvieran objeción de conciencia, el proyecto obligaría a encontrar un profesional de la salud que no haya optado por ella. “La objeción de conciencia es un derecho. Por eso, si un centro asistencial católico y los médicos han adherido a ella, deben ser respetados en su opción. Las personas que libremente acuden a un centro asistencial católico deben ser informados de los servicios que allí se prestan o que no se pueden prestar. El acudir a otros centros de salud reside en la libertad de cada persona”.
Fuente: La Tercera
