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Declaración: «SÍ A LA VIDA, NO AL CRIMEN»

El Senado de la República debate el proyecto de ley propuesto por el Gobierno que autoriza interrumpir, en tres causales, el embarazo de una criatura que está en el vientre materno en gestación provocándole la muerte, lo que constituye un crimen abominable. No se trata de un proyecto de mera despenalización de un crimen, sino de una incitación a cometerlo, disponiendo, como si fuera poco, la obligación de médicos e instituciones de salud de practicarlo.

Como personas que hemos consagrado nuestra vida al derecho y la justicia, declaramos enfáticamente que esto constituye un atentado gravísimo contra la vida de personas inocentes e indefensas. Las víctimas son seres humanos cuya existencia como tal se inicia al momento de la fecundación de un ovulo femenino con un espermatozoide masculino, como lo enseña la naturaleza y la ciencia. Cada uno de nosotros lo fuimos desde el momento de nuestra concepción, y somos el mismo ser de entonces, con diverso grado de desarrollo. Pretender hacernos creer lo contrario constituye un engaño que la más elemental sensatez nos impide aceptar. Nuestro derecho a la vida comenzó al momento de la concepción y está garantizado desde ese momento.

Ninguna persona tiene derecho, en circunstancia alguna, para atentar contra la vida de un inocente. Menos todavía la madre de un niño por nacer quien está llamada a ejercer sobre él la posición de garante de su propia existencia, su seguridad y bienestar. El derecho a decidir de la madre está limitado por la vida que crece en su vientre. Nadie puede en caso alguno atentar contra ese derecho humano fundamental. Por lo demás, muchas veces la madre es otra víctima del aborto porque no puede soportar las presiones que se ejercen sobre ella para que lo autorice. De aprobarse este proyecto, esa posibilidad aumentará dramáticamente.

La protección de la vida de la madre no requiere la interrupción del embarazo de la criatura, así lo asegura la inmensa mayoría de los médicos. Incluso la adopción de algunas medidas que puedan poner en peligro la vida del que está por nacer, para salvar la vida de la madre, no constituye propiamente un aborto y están autorizadas por nuestro ordenamiento jurídico. En caso de que la criatura tenga algún problema que amenace su viabilidad al nacer, el deber de la sociedad consiste en apoyar a esas madres y a sus criaturas para que sus dificultades puedan ser abordadas sin optar por el homicidio de un inocente.

Lo mismo ocurre en el caso que la madre haya sido violada. Ciertamente ella requiere de un cuidado especial, pero en caso alguno tal situación puede justificar el asesinato de la criatura que es totalmente inocente y que, además en muchos casos, garantizaría la impunidad absoluta del violador.

El Senado de nuestro país ha sido un tradicional defensor de los valores fundamentales que constituyen nuestro ser nacional. Nuestra legislación es clara. La Constitución política expresa en su Art. 1° que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. El Art. 19 N°1 de la Constitución consagra y garantiza: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”.

La aprobación de un proyecto que autorice el aborto constituye un grave atentado contra el bien común nacional que no solo contraviene la Constitución y nuestras leyes, sino que causará a la comunidad nacional un daño irreparable. Nuestra vida social y nuestros valores fundamentales no serán los mismos después de aprobada una ley de aborto como la que se propone.

Por tanto, suscribimos este texto y venimos a declarar que el proyecto de ley en trámite es inconstitucional y atenta contra tratados internacionales de defensa de la vida humana que son vinculantes para Chile; pero por sobre todo, es contrario a los deberes mínimos de humanidad que nos impone prestar protección y cuidado a quienes siendo completamente inocentes están más indefensos y desvalidos. Y es finalmente contrario al Derecho mismo que existe para otorgar protección y seguridad al ser humano de cualquier raza, sexo, estirpe o condición, con total independencia de las circunstancias en que se encuentre.

Este proyecto debe ser retirado del Congreso Nacional y pedimos a la Sra. Presidenta, Michelle Bachelet, que así lo disponga. En el evento que ello no ocurra, solicitamos al Senado de la República que vote su rechazo, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad del proyecto, la que llegado el caso deberá ejercerse sin vacilaciones. Lista completa de firmas 

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