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Aborto y sus inconsecuencias

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Por Angela Vivanco , Vicerrectora Universidad Santo Tomás

POR OCHO votos, los diputados miembros de la Comisión de Salud de la Cámara aprobaron la idea de legislar del proyecto “que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”.

Desde el inicio de la tramitación de este proyecto han llamado la atención las numerosas inconsecuencias que presenta y cuán evasivos han sido varios de los intervinientes en el proceso para hacerse cargo de ellas.

No cabe duda que el aborto -así, con todas sus letras- es un problema social. En efecto, está asociado con la educación sexual de la juventud, la autonomía de la mujer y su salud reproductiva, el papel del varón frente a un embarazo no deseado, la red social de apoyo a la madre con pocos recursos y oportunidades. Pero también es un problema frente a la vida humana. No podemos ignorar que el sujeto en gestación es un miembro de nuestra especie, genéticamente humano, además de dependiente, vulnerable y sin culpa alguna del modo en que fue engendrado.

Buscar en la redacción de nuestra Constitución argumentos de texto para justificar que ese ser “no es persona” o tiene “derechos de inferior rango” a los nacidos, es un subterfugio jurídico que busca desposeer a los humanos “indeseados” de su estatuto propio.

La Carta Fundamental, esa misma que nos ha servido de marco para la abolición progresiva de la pena de muerte, para prohibir la destrucción de embriones humanos en la investigación científica, para sancionar la discriminación arbitraria y para proteger a las personas con discapacidad, no puede ser jamás terreno fértil para transformar la destrucción de un ser humano en una prestación médica (que por cierto es lo que hace el proyecto, mucho más que despenalizar conductas).

¿Significa ello, entonces, la obligación de las gestantes de ser mártires ante un embarazo que ponga en riesgo su vida? No existe tal exigencia legal ni moral. Hoy, y sin necesidad de reforma legal, los embarazos de alto riesgo pueden interrumpirse, y sin ánimo matador, se busca salvar si es posible a la madre y al hijo. Así, la desgraciada redacción de “futuro riesgo de la vida” en el proyecto, parece un modo de abrir posibilidades de aborto no declaradas.

Otra inconsecuencia se visualiza en la causal de inviabilidad post parto del gestado. ¿El que va a morir en un tiempo breve, tiene menos derecho a la vida? Se llegó a decir en la Comisión que lo único que le era debido era la protección intrauterina, lo cual priva al de poca sobrevivencia de ser titular de derechos. Para qué decir de la causal de violación: el sistema renuncia a perseguir al autor del delito, le proporciona un entorno de protección, establece un procedimiento para facilitar que menores violadas aborten a la otra víctima del caso, que es el hijo engendrado de un modo tan bárbaro.

La necesidad de un Chile coherente para enfrentar situaciones como las descritas, repletas de dolor y abandono, demandan una mínima ecuanimidad ante todos los derechos involucrados, preguntarnos qué espera en realidad quien sufre estas situaciones, y particularmente, qué significa el ser humano para nosotros, más allá de la terrible depreciación que haya podido sufrir en otras sociedades.

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Aborto y Constitución

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A vista y paciencia de los expertos en derecho constitucional la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la posibilidad el proyecto de ley que permite el aborto directo en ciertas situaciones. Este proyecto de ley emanado por el ejecutivo es inconstitucional.
En Efecto, La constitución consagra el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, e impone a la ley el deber de proteger la vida del que está por nacer. Cuando este principio ha pretendido ser cuestionado, el  Tribunal Constitucional ha dicho que “al momento de la concepción surge un individuo que cuenta con toda la información genética necesaria para su desarrollo, constituyéndose en un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su madre ,… es posible afirmar que estamos frente a una persona en cuanto sujeto de derecho”, y  que “el derecho a la vida asegurado en el artículo 19 N°1 de la Constitución …asegura a toda persona –incluyendo al nasciturus- el derecho a mantener la vida y conservarla frente a los demás hombres”.
Desde ese punto de vista queda claro que este proyecto de ley es el inicio de lo que muchos quisieran, reformar la constitución de la República. Lo mejor desde ese punto de vista es sincerar el debate. No es justo que aludiendo a causales dramáticas en las que podrían encontrarse algunas mujeres durante su embarazo se pretenda liberar el aborto como derecho de la mujer desconociendo el derecho que tiene el que está por nacer a que se respete su vida. Quien estudie los procesos que llevaron al aborto libre en Europa se dará cuenta que estamos siguiendo el mismo camino. Las consecuencias han sido desastrosas. El útero de ser el lugar más seguro para custodiar y proteger la vida en sus inicios se ha convertido en el más peligroso.
Esa es la realidad y no podemos quedarnos callados al respecto. Algunos pensarán que esta postura no considera el drama de las mujeres cuando se ven enfrentadas a situaciones complejas frente a un embarazo complejo, ya sea porque su vida está en riesgo, la sea porque el niño viene con malformaciones o porque es fruto de un abuso. Lejos de eso. Reconocemos el dolor y el drama que ello significa. Lo único que decimos es que el aborto, es decir la eliminación deliberada de un se humano inocente es una solución que implica violencia. Violencia hacia el inocente y débil. Violencia hacia el que no puede defenderse.
El talante de una sociedad se mide en la capacidad que tiene de hacerse cargo del débil, del enfermo, del frágil. Desde ese punto de vista nos parece más humano, más digno de una sociedad democrática que le da cabida a todos, generar las instancias a nivel social y estatal que genere apoyo sicológico, económico, espiritual y social a aquellas mujeres y sus familias que se encuentren en estos casos.
Ello evidentemente es más exigente, requiere más trabajo y empeño. Pero sin duda es la forma en que podemos ir generando una cultura de la vida y de la solidaridad y decir que la violencia no soluciona los problemas sino que los agrava. Chile está enfrentado a un dilema crucial. Si va a permitir o no que los fuertes decidan respecto de los débiles y si va a permitir o no que la fuerza de la razón le ceda el espacio a la razón de la fuerza y si va a permitir o no que el estado de derecho sea una mera poesía, un mero relato, pero que no se hace verdad y realidad en los que no tienen voz.
La Iglesia católica se opone a este proyecto y le pide a quienes se dicen católicos que sean coherentes a la hora de plantear este tema tanto en la esfera pública como privada. Es la hora de la coherencia.

 

 
+Fernando Chomali Garib
Arzobispo de Concepción

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