La Fundación Amparos invita con mucho cariño a un encuentro de conversación y apoyo a todos los padres que han sufrido la pérdida de un bebé.
La cita es el próximo 26 de agosto a las 10.00 horas en Av. en Concha y Toro #3214, Puente Alto. Cercano al metro Sótero del Río.
Para inscripciones y mayor información contacto@amparos.cl
Martes 8 de agosto 2017
Señor Director:
Hace poco, una persona que tiene altas responsabilidades políticas, ha recibido merecidos elogios por haber mantenido, sin transacciones, una postura firme ante un caso de eventual violencia intrafamiliar. Felicitaciones plenamente justificadas, pues los principios morales valen tanto para las actuaciones públicas como en el campo de la vida privada.
Sin embargo, como se ha podido comprobar, por informaciones de prensa que no han sido desmentidas, esa misma persona, y no solo ella, ha favorecido con su voto el proyecto de ley que legaliza el aborto. Digo «legaliza», porque hablar de «despenalización» es un eufemismo para disfrazar, con el aval del Estado, la cruda realidad que es la autorización que se otorga, conculcando el más fundamental de los derechos humanos, para quitar la vida a un ser humano inocente; es decir, para asesinarlo, usando la clara terminología del Papa Francisco.
Recuerdo que cuando, en los ya lejanos tiempos en que yo era estudiante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, le oí repetir insistentemente a mi egregio profesor de Derecho Civil, don Víctor Delpiano, un aforismo jurídico al que él atribuía muchísima importancia: «Las cosas son las que son, y no lo que se dice que son». El proyecto de ley, aún en trámite, es un caso en el que bajo el eufemismo de «despenalización» se oculta la atroz realidad de la legalización del asesinato de un inocente. Usar y abusar de ese eufemismo es, simplemente, «dorar la píldora», o tratar de «hacernos comulgar con ruedas de carreta», o «pasar gato por liebre», como enseña la sabiduría popular plasmada en los dichos y refranes que escuchamos de nuestros mayores, o sea esquivar mañosamente la realidad, esa verdad que «aunque severa, es amiga verdadera».
Quienes se hacen cómplices de tal atrocidad no deben recibir el voto de ningún cristiano, voto que los pueda conducir al desempeño de cargos públicos, a menos que, con anterioridad a las elecciones, hayan manifestado públicamente su arrepentimiento. Y digo «públicamente», porque los hechos que son de dominio público deben repararse también públicamente, y no solo como a escondidas y cobardemente, en forma privada u oculta.
Esas personas, si dicen ser católicas, puesto que han cometido públicamente un grave pecado, no están en condiciones de poder recibir los sacramentos de la Iglesia, a no ser que se hayan arrepentido y hayan manifestado también públicamente su arrepentimiento, como se desprende del canon 915 del Código de Derecho Canónico. Y si, diciéndose cristianas o católicas, fallecen sin antes haber dado claras muestras de arrepentimiento, condición necesaria e indispensable para su salvación eterna, no es coherente que se solicite para sus restos mortales, ni se les conceda, un funeral público según los ritos litúrgicos de la Iglesia Católica. Esta no es una opinión personal mía, sino lo que establecen los cánones nn. 1184, n° 1, #3, y 1185 del referido Código. También aquí se aplica la lógica de la coherencia, ya que los funerales de la liturgia católica no son actos folclóricos, ni simplemente signos de convencionalismos sociales o de respetables sentimientos personales, sino expresiones de la fe cristiana traducida en la vivencia concreta y en la comunión eclesial visible con la Iglesia y con sus legítimos pastores.
Jorge Medina Estévez
Cardenal
Fuente: mercurio.cl
«Mientras parecen vencer los que confían en el formalismo democrático que funda la verdad en las mayorías, también se hacen cada vez más presentes los que creen que la verdad no es producto de la política, sino que la antecede y la alumbra…».
Al llegar casi al fin de la discusión sobre la ley de aborto en Chile, hemos escuchado muchos argumentos y se ha comprobado el fuerte choque de visiones antropológicas encontradas. Puede ser importante, como ultima ratio , intentar llegar a aquello en que sí todos podemos estar de acuerdo. Las reglas esenciales de nuestro actuar personal y social son siempre racionales, es decir, enunciadas y mostradas por la razón que es común a todas las personas, porque la propia razón es un rasgo de la realidad humana y porque describe las acciones convenientes para los fines inscritos en nuestra esencia.
Entre esas reglas esenciales se contienen los aspectos fundamentales que rigen el actuar de toda persona, más allá de sus concepciones religiosas o morales. La primera de esas reglas esenciales es el deber de hacer el bien y evitar el mal, en el que se fundan toda la vida personal y comunitaria. A su lado está aquel otro principio que nos enseña que no se puede hacer un mal para alcanzar un bien o que el fin bueno no justifica los medios usados si estos no lo son. Si se negara este principio universalmente reconocido, se puede justificar todo, hasta las aberraciones más increíbles.
Quitar la vida directamente a un ser humano inocente es siempre un mal. En eso estamos todos de acuerdo. Poner fin a una vida para alcanzar otro fin que se considera bueno -la vida de la madre enferma- o evitar la carga de un ser enfermo -las consecuencias de una violación- es realizar un acto malo -interrumpir una vida en camino- para lograr uno bueno. Es decir, el fin justifica los medios.
El proyecto de ley es claro al decir que «mediando la voluntad de la madre, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando»… y se señalan las tres causales. Hay una evidente intención interruptiva que va directamente contra el ser ya concebido. No se trata de un efecto tolerado -que no se busca y se produce- pero no querido. Por el contrario, es una acción directa contra el embrión o feto, lo cual hace la acción directamente mala.
Este es el problema esencial que no se ha discutido ni llevado a sus fundamentos racionales. La nuestra ha sido una discusión legal, médica, ideológica, rica, etcétera, pero que no ha querido llegar a los fundamentos más profundos que en ella están envueltos. Nadie en esta discusión puede alegar incapacidad o ignorancia o una conciencia errada. Han estado todos los medios disponibles para descubrir la verdad, pero no hemos sido capaces de llegar a ella en el caso concreto.
Puede la ley permitir interrumpir directamente un embarazo, pero no puede cambiar la naturaleza misma de nuestras acciones, que si son contrarias a la racionalidad humana esencial, no mutarán por la fuerza de su aprobación legislativa. Por eso este momento es tan importante para nuestro país; desde donde deben salir las leyes que orientan a todos hacia el bien común, comienzan a salir normas que nos llevan a todos a creer que lo que no se debe hacer ahora está permitido. Cuando ya se da este primer paso, vienen como consecuencia lógica los otros, en materias conexas como el aborto libre, la vida de los que ya son inservibles por edad o enfermedad, la posibilidad de infligir castigos físicos o morales para conseguir el bien de todos, etcétera.
Como decía Ratzinger hace años, estamos ante el problema de conocer la verdad. «En la actualidad, el respeto a la libertad del individuo parece consistir esencialmente en que el Estado no decida el problema de la verdad. La verdad, también la verdad sobre el bien, no parece como algo que pueda conocerse comunitariamente. Es dudosa. El intento de imponer a todos lo que parece verdad a una parte de los ciudadanos se considera avasallamiento de la conciencia. El concepto de verdad es arrinconado en la región de la intolerancia y de lo antidemocrático».
En nuestro caso, los representantes del pueblo han arrinconado su propia capacidad de conocer la verdad en un tema esencial. Como dice el autor citado, «el concepto moderno de democracia parece estar indisolublemente unido con el relativismo, que se presenta como verdadera garantía de libertad, especialmente de libertad esencial: la religiosa y de conciencia».
La democracia no puede renunciar a un núcleo esencial de verdad ética, que le permita afirmar la plena vigencia de los derechos de todos los miembros de la raza humana, sin que un falso pluralismo o tolerancia haga posible su transgresión. En ese punto estamos. Comprenderlo es importante para descubrir los caminos futuros, porque mientras parecen vencer los que confían en el formalismo democrático que funda la verdad en las mayorías, también se hacen cada vez más presentes los que creen que la verdad no es producto de la política, sino que la antecede y la alumbra.
+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo
Fuente: mercurio.cl
Señor Director:
En su etapa final, la posición del Gobierno frente al proyecto de aborto dio un giro de suma importancia que, lamentablemente, pasó inadvertido. Este giro se expresó a través de la promoción de un supuesto principio que debía permear la aplicación del acompañamiento: «la no disuasión». Según este, las instituciones que brinden acompañamiento deben permanecer absolutamente imparciales frente a la decisión de la mujer. O sea, no sería deseable para el Estado que al final, después de ese período previo, la mujer decida mantener esa vida del que está por nacer.
Más allá de que esta pretendida neutralidad, en la práctica, es imposible, el principio «no disuasivo» esconde una nueva arista que agrava la inconstitucionalidad y, a mi juicio, el sentido ético del proyecto. En efecto, no solo se renuncia a la protección del que está por nacer en tres supuestos, sino que el Estado abandona deliberadamente el fomento del deseo de la madre de dar a luz a su hijo, propiciando lógicamente el aborto.
Por otro lado, hay también un efecto cultural no menor. El proyecto de aborto establece que la vida del que está por nacer puede ser objeto de disposición y, peor aún, que no es correcto motivar su nacimiento.
Lo anterior radicaliza todavía más la deshumanidad de esta iniciativa.
Juan Antonio Coloma
Senador UDI
