El grupo Comunidad y Justicia junto a representantes de distintos instituciones que defienden la vida, entregaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet instándola a que no modifique la posición del Estado de Chile ante la ONU con respecto de la legalización del aborto.
Suscribieron la carta Comunidad y Justicia, IdeaPaís, Oikonomos, Siempre por la Vida, Chile Siempre, Instituto Res Pública, Instituto de Política Familiar-Chile, ISFEM, Acción Familia, Proyecto Esperanza, Proyecto Nasciturus, Fundación Desarrollo, Soy Católico y Coordinadora Juntos por la Vida.
Sra.
Michelle Bachelet Jeria
Presidente.
Los abajo firmantes, instituciones de la sociedad civil chilena, preocupados por el respeto a nuestra legislación y soberanía, representamos respetuosamente lo siguiente.
Hemos tomado conocimiento de la decisión adoptada por su gobierno de revertir la posición adoptada por el Estado de Chile en los Exámenes Periódicos Universales de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas en los años 2009 y 2014.
Consideramos que la decisión avanzada por su administración, y que se pretende materializar el día 19 de junio en Ginebra, Suiza, constituye una acción antijurídica que atenta contra nuestra Constitución Política de la República, contradice nuestra legislación nacional, y desconoce el contenido de los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran plenamente vigentes.
La posición que habría adoptado su Gobierno en el sentido de que el Estado de Chile reconoce el derecho a la vida sólo desde el nacimiento es una flagrante contradicción con el texto expreso de nuestra Constitución Política de la República y un atentado a los Derechos Humanos protegidos en nuestro país.
En efecto, el artículo 19 número 1 de la Constitución que usted prometió guardar y defender el día 11 de marzo de 2014, asegura a todas las personas el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, y que la ley debe proteger la vida del que está por nacer.
El estatus jurídico del no nacido como persona titular del derecho a la vida ha sido reafirmada por nuestros Tribunales Superiores de Justicia. Así lo ha sostenido la Corte Suprema en su fallo de Rol Nº 850-2001, y más importante aún, el Tribunal Constitucional de Chile que, en cuanto supremo interprete de nuestra norma fundante, categóricamente afirmó que la Constitución no sólo protege un bien jurídico, sino que el que está por nacer es un sujeto titular de derechos, como todo otro chileno o chilena (Rol Nº 740).
Pretender que el Código Civil Chileno pueda esgrimirse como argumento para desvirtuar el texto constitucional es impropio desde una perspectiva del Derecho, pues no puede una norma inferior pasar a llevar a la Constitución. A mayor abundamiento, la legislación civil chilena de todas formas protege el derecho a la vida del que está por nacer. Pues es persona toda individuo de la especie humana, sin importar su edad, sexo, estirpe o condición (artículo 55), y el legislador estableció amplias facultades para proteger su vida y derechos desde su concepción, como lo confirman sin lugar a dudas los artículos 75, 76 y 77 del mismo Código, el que por lo demás es anterior a la Constitución, y desde el cuál ella se nutrió para establecer su protección al que está por nacer.
Pretender que el niño sólo tiene derechos desde el momento que nace, amparándose en el artículo 74 del Código, es jurídicamente improcedente.
Además, Chile ha suscrito numerosos tratados de Derechos Humanos por los cuales reconoce el derecho a la vida del que está por nacer, siendo el más importante la Convención Americana de Derechos Humanos que, en su artículo 4.1, reconoce a toda persona el derecho a que se respete su vida y exige que este derecho sea protegido, en general, desde el momento de la concepción.
Ningún tratado al cual se encuentra obligado Chile contempla el aborto como un derecho. En efecto, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer no reconoce el acceso al aborto como norma de Derechos Humanos, y en las Conferencias de Cairo y Beijing, en 1994 y 1995, se acordó expresamente que la decisión sobre el aborto es una cuestión de jurisdicción interna de los Estados, que sólo puede modificarse conforme al proceso democrático nacional, sin imposiciones foráneas.
En el Examen del año 2009 fueron dos los países los que recomendaron a Chile legalizar el aborto. Y en aquel entonces fue su propio gobierno el que rechazó dichas recomendaciones por ser contrarias a nuestro ordenamiento jurídico.
En enero de este año Chile rindió un nuevo Examen Periódico Universal y recibió recomendaciones de parte de República Checa; Bélgica; Alemania; Francia, Filipinas; Suecia; Suiza y Eslovenia, en orden a legalizar el aborto. Una vez más, actuando conforme a nuestro Derecho, el Estado de Chile rechazó en el acto estas recomendaciones, que por lo demás provienen de un grupúsculo de tan sólo 9 Estados, de más de 190, por lo que no representan un consenso de la comunidad internacional.
Su decisión de continuar adelante con esta nueva postura, que rompe con la histórica posición del Estado de Chile en la materia -incluida la de su gobierno el año 2009- implica un incumplimiento grave de sus deberes solemnes como Presidente de la República de Chile pues subyuga nuestra propia Constitución a la opinión y afanes una minoría de Estados que han hecho la infame recomendación de abandonar nuestra defensa del más débil de todos: el que no ha nacido.
Por otra parte, el pretendido cambio de posición sería una contradicción de nuestra tradición política y republicana en cuanto relaciones internacionales, abandonando la práctica de adoptar políticas de Estado, y no de gobierno. Esto es especialmente grave ya que pretende sustraer la cuestión del aborto del debate interno de nuestro país, y forzar la mano de los fuerzas democráticas aduciendo a una supuesta presión internacional, ignorando así la voz soberana de los chilenos y chilenas representadas en el Congreso Nacional.
Es por todo lo anterior que respetuosamente la instamos a desistir de su posición Sra. Presidente, a cumplir con sus obligaciones como primera mandataria para con nuestro Estado y su pueblo, y a mantener el rechazo a las recomendaciones que pretenden que nuestro país legalice el aborto.
Atentamente.
Comunidad y Justicia.
